Aspectos clave sobre el compliance en América Latina

Compliance en América Latina

La gestión del compliance ya no es una novedad. La novedad reside en la importancia que ha acaparado el concepto a lo largo de los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis económica que tuvo lugar desde el año 2007. Desde este momento comenzó a surgir una conciencia cada vez más presente en organizaciones tanto públicas como privadas.

Para analizar los datos sobre corrupción en el mundo es muy valioso e interesante el Corruption Perceptions Index (CPI). Este se trata de un índice que clasifica a 180 países y territorios, según los niveles percibidos de corrupción en el sector público. Estos datos se obtienen a raíz de investigaciones de expertos de este ámbito. Utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio. Resulta curioso comprobar que más de dos tercios de los países puntúan por debajo de 50 en el IPC de este año, con un puntaje promedio de solo 43 puntos.

De manera general, se puede comprobar en los datos de dicho índice como los países de Europa y Norte América, incluyendo Australia, tienen un índice de corrupción mucho menor que los países que se encuentran en lo que se correspondería con África, Asia y Latinoamérica.

Los medios de comunicación ya han lanzado varias noticias que son ya muy conocidas. Un ejemplo de esto serían los casos de las compañías brasileñas Odebrecht y Petrobras. Esto hace ver que el compliance es un asunto que nos atañe a todos y la mejor forma de hacerle frente desde las organizaciones, es hacerlo con sistemas de gestión a través de los que podemos establecer una serie de controles que nos permitan mitigar la posibilidad de que el soborno se produzca.

La gestión del compliance en personas jurídicas de Latinoamérica

Últimamente, han sido muchos los países que han comenzado a legislar las acciones corruptas en relación con las personas jurídicas. Entre los principales países que han comenzado a emprender acciones legislativas al respecto destacan: Chile (2009), México (2014), Ecuador (2014), Bolivia (2010 y 2017), Perú (2016), Argentina (2017), Colombia (2016), etc.

Resulta muy interesante que en muchos de estos países se ha establecido una cláusula cuyo objetivo es exceder de responsabilidad a aquellas organizaciones y compañías que de manera previa hayan decidido implantar un programa de cumplimiento normativo eficaz.

Que una compañía sea investigada por lo penal, puede afectar seriamente a su reputación y su marca, más allá de su inocencia o culpabilidad. Este caso ocurrió por ejemplo con Arthur Andersen LLP que, aunque lograra evitar su condena, cayó en la bancarrota tras el juicio por el enorme daño reputacional que la compañía recibió. Esta “condena” más social que penal se conoce en algunos contextos como la llamada “pena de banquillo”. La cual de cara a los clientes puede ser tan perjudicial como la penal.

Durante mucho tiempo, los códigos penales latinoamericanos no han podido asimilar toda esta serie de complejas tramas delictivas en las empresas. Han tenido que pasar muchos años y demasiados delitos en compañías y organizaciones para que se comience a tomar conciencia en estas.

Un código que solo sirve como medida ética más que legal

El problema que se está detectando en la gran mayoría de compañías que adoptan este tipo de acciones es que en la mayor parte de los casos este tipo de medidas anti incumplimiento solo funcionan como un código ético. De hecho, en muchos casos se ha hablado de que este tipo de acciones de compromiso y excelencia por parte de la empresa no dejan de ser estrategias de marketing que simplemente pretenden mejorar la imagen de la misma frente posibles clientes.

De hecho, en muchas de las compañías en las que se han denunciado casos de corrupción e incumplimiento normativo se ha demostrado que se contaba con códigos de cumplimiento normativo, los cuales, al igual que fueron creados, fueron incumplidos.

La figura del compliance officer, cargo que se ha creado dentro de las organizaciones para gestionar el cumplimiento legal en las mismas, ha quedado en muchos casos como un cargo más decorativo que útil, ya que en muchos casos toda la labor ilegal se ha llevado a cabo a sus espaldas.

Por suerte, los marcos legislativos de los países cada vez prestan más atención a este tipo de aspectos que hace años pasaban totalmente desapercibidos.

Aunque la norma ISO 19600 no es una norma certificable, como es el caso de otros estándares normativos como ISO 37001, se trata de una valiosa herramienta para gestionar adecuadamente las exigencias legales. Este estándar normativo adquiere una mayor importancia cuanto mayor sea el marco regulatorio de aplicación en la organización, ya que, del cumplimiento de las mismas, dependerá su prestigio y supervivencia.

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