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LAFT / BCFT y APNFD: contexto breve En el marco de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, las actividades y personas no financieras (APNFD) desempeñan un papel crítico porque suelen ser canales vulnerables ante operaciones inusuales.…
Las organizaciones modernas operan en un entorno donde la transparencia, la ética y la responsabilidad ya no son una ventaja competitiva, sino una expectativa básica. En este contexto, disponer de un canal de denuncias anónimo para quejas se convierte en una herramienta indispensable para reforzar la integridad corporativa. Esta clase de mecanismos facilita que empleados, clientes y proveedores puedan comunicar irregularidades, malas prácticas o incidentes que podrían afectar la reputación, la continuidad operativa o el cumplimiento normativo de la empresa.
Las siglas APNFD se han vuelto cada vez más visibles en el ámbito del cumplimiento normativo, especialmente en sectores donde el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos financieros es elevado. Aunque para muchos profesionales este concepto ya forma parte del vocabulario habitual, todavía existe un porcentaje significativo de organizaciones que no comprende completamente su alcance, su marco regulatorio y, sobre todo, las obligaciones que implica formar parte de este grupo. Comprenderlo no solo es un acto de cumplimiento, sino un paso crítico para fortalecer la gobernanza corporativa, reducir riesgos y evitar sanciones administrativas y reputacionales.
La Ley Sarbanes-Oxley (Ley SOX), aprobada en 2002 en Estados Unidos tras los escándalos financieros de Enron, WorldCom y Tyco, transformó radicalmente la manera en que las empresas que cotizan en bolsa gestionan su información financiera. Su objetivo principal es proteger a los inversionistas garantizando la transparencia y fiabilidad de los estados financieros, así como fortalecer la responsabilidad de los directivos frente a posibles fraudes o manipulaciones contables.
El cumplimiento normativo siempre ha sido una de las áreas más desafiantes para las organizaciones. Lejos de ser una tarea inspiradora, las auditorías de cumplimiento suelen asociarse con procesos lentos, costosos y tediosos. El volumen de datos que debe revisarse, las presiones por cumplir con los plazos y el riesgo constante de errores humanos convierten esta labor en una carga pesada para los equipos de cumplimiento. Sin embargo, la llegada del Generative Artificial Intelligence (GenAI) está cambiando este escenario.
El cumplimiento normativo se ha consolidado como una de las funciones más críticas dentro de las organizaciones modernas. A medida que los marcos regulatorios se vuelven más estrictos y las expectativas sociales sobre la ética empresarial crecen, los responsables de compliance deben actuar como garantes de la integridad corporativa. Sin embargo, este papel conlleva una enorme carga emocional y profesional: ser la autoridad final en decisiones regulatorias y éticas puede despertar sentimientos de inseguridad personal. Es aquí donde surge el síndrome del impostor, una experiencia común incluso entre profesionales experimentados que sienten que no están a la altura de las responsabilidades que enfrentan.
Los responsables de cumplimiento ocupan una posición estratégica dentro de las organizaciones modernas. Son quienes deben garantizar que las compañías se ajusten a la normativa vigente, gestionen riesgos éticos y regulatorios y promuevan una cultura de integridad. Sin embargo, detrás de esta función crítica se esconde una realidad preocupante: el elevado nivel de ansiedad y estrés que sufren muchos profesionales de compliance.
En tiempos de cambios políticos, regulatorios y tecnológicos, muchas empresas se preguntan si deben modificar su enfoque hacia el estricto cumplimiento normativo. Sin embargo, la experiencia de los últimos años demuestra que el estricto cumplimiento normativo no es un lujo ni una moda pasajera: es un elemento esencial de la gestión de riesgos, la credibilidad empresarial y la sostenibilidad a largo plazo.
En el ámbito del cumplimiento normativo, los delitos de cuello blanco representan una de las mayores amenazas para la sostenibilidad y reputación de las organizaciones. Se trata de conductas ilícitas cometidas generalmente por personas en posiciones de poder, confianza o responsabilidad dentro de una empresa, con el objetivo de obtener un beneficio económico o corporativo. A diferencia de los delitos comunes, los de cuello blanco no recurren a la violencia física, sino a la manipulación, el fraude o el abuso de confianza.
La reciente entrada en vigor de la Ley Karin 21.643 en Chile ha supuesto un punto de inflexión en la forma en que las organizaciones abordan el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Esta normativa, cuyo objetivo…
