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¿Qué pasaría si un ciberataque paralizara por completo tu operación mañana? No es una pregunta hipotética, sino un riesgo real que enfrentan miles de organizaciones cada día. El problema no es solo tecnológico, sino estratégico: en muchas empresas, el CISO y la Alta Dirección aún no hablan el mismo idioma cuando se trata de ciberseguridad.
El Real Decreto 311/2022, publicado el 3 de mayo de 2022, marca un antes y después en la regulación de la ciberseguridad en España. Esta normativa, que deroga y sustituye al anterior RD 3/2010, actualiza el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para adaptarlo a los nuevos desafíos digitales que enfrentan tanto las administraciones públicas como las empresas privadas.
La protección de infraestructuras críticas, y su impacto en la Transformación Digital del Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, son esenciales para garantizar la estabilidad económica, la seguridad nacional y el bienestar social. En este contexto, los estándares NERC-CIP (North American Electric Reliability Corporation – Critical Infrastructure Protection) crean un escenario regulatorio esencial para salvaguardar la red eléctrica de América del Norte. Pero, ¿qué significa realmente NERC-CIP y por qué es relevante para la Transformación Digital del Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)?
En el caso de la Administración Pública española y las entidades que colaboran con ella, el ENS Esquema Nacional de Seguridad es el marco de referencia que establece los principios y requisitos para proteger los sistemas, los datos y los servicios digitales. Pero, ¿qué certifica exactamente el ENS y por qué es relevante también para el sector empresarial? Si tienes dudas sobre esto, te invitamos a explorar en profundidad esta temática y cómo ciertas herramientas pueden ayudar a las empresas a alinearse con estos estándares de seguridad.
En un mundo donde la digitalización es clave para el desarrollo económico y la seguridad de la información es un pilar fundamental...
El entorno normativo en El Salvador ha evolucionado significativamente en los últimos años para fortalecer la seguridad de la información y la protección de datos en las organizaciones. Dentro de este marco, el Decreto 143 se posiciona como una regulación clave para el sector empresarial, estableciendo lineamientos específicos sobre la gestión de la seguridad de la información y el cumplimiento normativo en materia de protección de datos.
La reciente aprobación de la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información de El Salvador representa un paso fundamental hacia la protección de la información digital y la prevención de delitos cibernéticos. Este avance legal tiene importantes implicaciones para el sector empresarial, que enfrenta una creciente exposición a riesgos digitales en un mundo cada vez más interconectado. Con la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) y la implementación de un Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad, se sientan las bases para una gobernanza más robusta en materia de seguridad de la información.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) es una pieza clave dentro del marco legal mexicano que busca garantizar la privacidad y seguridad de la información personal. Con la creciente digitalización y la transformación digital de las empresas, el cumplimiento de esta normativa se ha vuelto fundamental para asegurar la confianza de los clientes y evitar sanciones.
En el actual contexto de transformación digital, la ciberseguridad se posiciona como una prioridad fundamental para la protección de empresas y sectores críticos. En Chile, la promulgación de la Ley 21663: Ley Marco de Ciberseguridad, en 2023 y homologada el 8 de abril de 2024, representa un paso histórico hacia la protección de infraestructuras críticas y de información sensible frente a ciberamenazas. Esta normativa, diseñada e implementada por la Agencia de Ciberseguridad de Chile, establece directrices específicas para fortalecer la seguridad de diversos sectores considerados esenciales para el funcionamiento del país.
DORA, que significa Digital Operational Resilience Act, es una regulación de la Unión Europea destinada a reforzar la resiliencia operativa digital en el sector financiero. Fue adoptada en diciembre de 2022 y entrará en vigor plenamente en 2025. Su objetivo principal es garantizar que las entidades financieras en Europa puedan resistir, responder y recuperarse eficazmente de cualquier incidente cibernético o fallo tecnológico que pueda afectar sus operaciones críticas.
Imagina un banco cuya actividad diaria depende completamente de sistemas digitales para procesar millones de transacciones, resguardar datos confidenciales y atender a sus clientes en tiempo real. Ahora imagina que, de un momento a otro, esos sistemas se detienen debido a un ciberataque, exponiendo datos sensibles y generando pérdidas millonarias. Este no es un escenario hipotético: es una realidad que muchas instituciones financieras enfrentan hoy en día.
